Contraloría acoge a tramitación la presentación del diputado Romero para determinar legalidad de nombramiento de Loreto Silva como Asesora Presidencial en Macrozona Sur

Publicado el 16 marzo, 2021 / Noticias / 272 lecturas

El diputado de Renovación Nacional por el distrito 20, Leonidas Romero, solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento jurídico debido al nombramiento de la ex presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva, como Asesora Presidencial de la Macrozona Sur, más aún tras conocerse que no renunciará a ninguno de los directorios ni cargos que mantiene en el sector privado, la que fue acogida con fecha 15 de marzo y caratulada con el número 808.473.

Lo anterior, debido a que la renuncia de Silva a dicho directorio, fue gatillada por el dictamen de Contraloría 10.046 con fecha 17 de junio del año pasado, donde el órgano contralor indica su falta de probidad por el hecho de ser socia del estudio jurídico “Asesorías Bofill Escobar Limitada”, que fue contratado por Hyundai Engineering & Construction, para demandar al Estado de Chile por el caso del Puente Chacao, entregando una respuesta contundente “son incompatibles con el ejercicio de la función pública (…) la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado” y que “es necesario que la representación de un tercero se verifique en el ejercicio de la actividad particular del funcionario sujeto a la prohibición” lo que habla de una actuación personal y está contenido en el artículo 56 de la ley en cuestión y que no regula la participación del funcionario público en sociedades de profesionales en la que uno o más de sus socios asumen la representación de terceros en acciones civiles contra el Estado.

Este vacío legal, permitió que si bien, Loreto Silva, en ese entonces presidenta del directorio de ENAP, incumplía la Ley de Probidad al estar vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR SpA, no haya podido ser sancionada.

Cabe recordar, que por ese mismo hecho, Romero presentó un proyecto de ley el 23 de junio del año pasado, boletín 13.614-06, para perfeccionar las normas de probidad administrativa y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública.

 

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